Pobres y excluidas, trabajadoras, migrantes, prostitutas, feministas, ecologistas, sindicalistas, artistas, músicos, periodistas, activistas LGTBIQ+ y por la vivienda, o por cualquiera de las causas necesarias para enfrentar la crisis derivada de un modelo depredador de personas y de la vida…, todas ellas constituyen el objeto de la estrategia represiva contra todo lo que se mueva. Prohibido moverse en defensa de nuestros bienes comunes naturales y culturales, de nuestros derechos sociales y económicos y de la propia vida.
La represión es definida como la acción discriminatoria del Estado contra las personas o colectivos que considera que presentan un desafío a las relaciones de poder existentes o a sus políticas clave.
– Andalucía, un pueblo condenado a la pobreza y la exclusión.
No por más cotidiana deja de ser menos alarmante la criminalización de la pobreza y su solución carcelaria, la cual es específicamente grave en Andalucía, un país que a pesar de sus riquezas humanas, naturales y culturales, sus personas y bienes han sido sometidos históricamente a una economía de dependencia y extractivismo, hasta tal punto que en el siglo XXI contamos con más de un 40% de la población en riesgo de pobreza y exclusión (y más del 33% de las niñas y niños). Más grave aún resulta constatar que estos datos seguirán creciendo y, en consecuencia, también el uso de la cárcel para esconder la conflictividad de esa injusticia económica. Esta es la situación de Andalucía, ante la que, en lugar de adopción de medidas por las Administraciones responsables de la misma, encontramos una doble política encubierta: por una parte, criminalización de los sectores más vulnerables y de las que luchan por cambiar la situación y, por otra, dejar hacer a la mafia financiera capitaneada por los bancos del IBEX35. Desde aquí declaramos que las andaluzas no aceptamos ni la imposición, ni mucho menos la criminalización de la pobreza.
– Colapso, reafirmación neoliberal y represión de la disidencia.
Hoy resulta ya incuestionable que la crisis a nivel mundial se caracteriza por su especial profundidad, atravesando el conjunto de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales hasta alcanzar al propio entendimiento y concepción de la vida. En lo concreto, el colapso del modelo socioeconómico se evidencia en un desmantelamiento del escaso Estado del bienestar, en la pérdida de derechos sociales y económicos y en la mercantilización de cada vez más parcelas de la vida. Ante este panorama emergen y/o se consolidan múltiples movimientos que junto a la búsqueda de propuestas y nuevas formas de prefigurar el proceso de transición no dejan de identificar las causas y las culpables de las desigualdades y las injusticias. En este contexto se materializa la posición del Estado español que, abandonando su ya escasa tradición democrática, opta por enrocarse en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones y, distanciándose de la sociedad, no tiene reparo en atropellar para ello y de manera decidida nuestros derechos humanos más básicos, las libertades civiles y políticas.
– Deriva autoritaria y escalada represiva del Estado.
De tal manera, asistimos a una deliberada e integral dinámica estatal de represión. En ese sentido, abarca desde reformas legislativas profundas (Código Penal, Ley Mordaza, Ley de tasas judiciales o reforma del Tribunal Constitucional) hasta el incremento progresivo de los gastos policiales. En cuanto a las formas, en el terreno judicial, encontramos múltiples casos de flagrante violación de la tutela judicial efectiva y de la libertad y seguridad personales, precisamente por quien debiera ser su principal garante, el poder judicial, poniendo así de manifiesto una absoluta falta de escrúpulos hacia las garantías procesales, a pesar no obstante de las condenas dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones internacionales de organismos como las Naciones Unidas. Todo ello, por un lado, se acompaña de un discurso vertebrado en torno al concepto de “enemigo”, sirviéndose de los medios de comunicación creadores del mismo, y, por otro lado, se retroalimenta con la cultura y la psicología del miedo.
Nos encontramos ante lo que se llama “Derecho Penal del Enemigo”, es decir, el uso de recursos públicos (leyes, policías y jueces) para perseguir a las personas y colectivos más vulnerables o a aquellas que hacen frente a las políticas que precarizan aún más nuestras vidas. En lugar de perseguir y reprender conductas y hechos, se persigue, ante todo y de forma discriminatoria, a ciertos y determinados individuos y colectivos con independencia de sus conductas y saltándose, si hace falta, las más básicas garantías judiciales.
Todo ello pone de manifiesto la intención del Estado español, y sus diversas Administraciones, desmovilizar a las personas que se organizan para que las cosas cambien, como lo prueba la existencia de decenas de personas presas, o a la espera de ser juzgadas, únicamente por su posición política.
A su vez, en Sevilla hemos vivido como recientemente seis personas han permanecido dos meses en prisión provisional por su lucha por una vivienda digna, o que haya tres sevillanas acusadas por sacar en procesión el Coño Insumiso el 1º. Mayo de 2014 y aún pendientes de juicio. A la represión penal, se suma la económica por via administrativa bajo la Ley Mordaza, como las sanciones contra las libertades sufridas en Sevilla por las trabajadoras de Lipasam, por las periodistas, por las defensoras de derechos humanos o por las trabajadoras del sexo, víctimas, además, de Ordenanzas municipales que dan vía libre a los clubes y su proxenetismo. No siendo suficiente, nos usan como escenario de sus espectáculos mediáticos de propaganda policial, pues no otro fin tuvieron las “macrorredadas”, mediante el sitio durante horas de los barrios de El Vacie, Torreblanca y Polígono Sur, con el doble fin de criminalizar públicamente y de extender el miedo y el odio hacia los sectores más pobres de nuestra población.
– Frente al miedo, nuestra solidaridad.
Ante esta situación, es fundamental la respuesta colectiva y el cuidarnos unas de otras, toda vez que la estrategia represiva se sostiene en el aislamiento de quienes la sufren. No aceptamos que nos criminalicen, ni por pobres, ni por disidentes. No aceptamos los recortes impuestos en nuestros derechos económicos y sociales, ni mucho menos vamos a aceptar que normalicen la negación de nuestras libertades civiles y políticas más básicas recogidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y todo ello para conservar su modelo de acumulación y concentración en manos de la élite dueña de las grandes corporaciones a costa de nuestras vidas y nuestros bienes comunes, materiales e inmateriales.
En la defensa de nuestros derechos y libertades, hoy resulta imprescindible que los diversos movimientos sociales, así como el conjunto de la población sevillana, se impliquen y luchen con un mismo objetivo: NO CALLAR, perder el miedo a hablar cuando ellos pretenden vaciar nuestras libertades.
Contra la criminalización de la pobreza y de la disidencia.
¡¡SIN MIEDO Y JUNTAS POR NUESTROS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS!!
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